El 24 de febrero de 2019 los ciudadanos cubanos ratificaron la nueva Constitución. Alrededor de seis millones de cubanos dijeron SI y más de 2 millones mostraron, en las distintas expresiones del comportamiento electoral legítimo, su rechazo al texto constitucional. Cuba comenzará a ser regida, así, por una nueva Carta Magna con una legitimidad débil, en la que una importante minoría social y política no encuentra espacio de representación.
Esta legitimidad débil se asienta en tres puntos esenciales: la sustitución de la soberanía ciudadana por la del partido comunista, la ausencia estructural de un Estado de derecho y la clausura de los espacios a la pluralidad. A lo que se une la escasa legitimidad de representación política de una presidencia no electa por el pueblo.
¿Después del 24F qué? Esta es, sin embargo, la pregunta más pertinente. Tanto de cara al gobierno como de cara a la ciudadanía.
La conversación pública más visible en torno a si el referendo iba a ser o no aprobado por los ciudadanos cubanos desvió la atención de lo que a mi modo de ver era el tema principal: si el referendo permitiría verificar o no la ruptura estructural de la dinámica política de los últimos 60 años: el sentido holístico de la llamada Revolución cubana expresada en la unidad/unanimidad del pueblo en torno a su modelo.
Y la mejor noticia fue esta: la clara irrupción de la pluralidad, consolidando en un solo acto la tendencia que venía mostrándose en los últimos procesos electorales en la Isla al menos del 2012: la existencia social de una minoría crítica marginada del sistema político y, esto es lo significativo, por otra minoría menor en términos tanto cuantitativos como de transversalidad social. Cuba pasa de tal modo de la utopía a la distopía a través de una complicada normalización, que pone fin a la excepcionalidad latinoamericana, y donde la diversidad y la pluralidad reinan en la base social mientras la supremacía se reinstala en el poder. La sociedad se des comuniza donde el Estado se re comuniza, ahora como partido constitucionalmente único.
Lo que se le presenta a los cubanos y a la sociedad es un desafío, a mi modo de ver, constitucional. E intentamos, un sector de la comunidad civil y pro democrática cubana, dar una respuesta a este desafío con la Propuesta2020. ¿Cuál es su concepto? Convertir el ámbito y la dinámica constitucionales creados, a partir tanto del proceso como de la nueva constitución misma, en el campo de acción cívica y política preferenciales para la ciudadanía y para la sociedad civil, a fin de lograr la meta cívica y política pendiente: un Estado democrático de derecho. Para nosotros, el 24 de febrero culminó la reforma constitucional del partido comunista. Un día después, el 25 de febrero, comenzó la reforma constitucional desde abajo, desde los ciudadanos.
Tres son las líneas de acción que define la Propuesta2020. La conversación deliberativa permanente con los ciudadanos en sus comunidades en torno a la constitución misma, a los limitados derechos que ella reconoce y a las nuevas iniciativas de ley que pueden y deben gestarse desde la misma ciudadanía; el apoyo ciudadano a propuestas de reforma constitucional que pongan en sintonía las demandas compiladas en los debates populares sobre el ante Proyecto de constitución, no codificadas aún, con el ordenamiento constitucional mismo, de manera que la Constitución se parezca cada vez más al país y, por último, el apoyo ciudadano a iniciativas de ley que regulen en favor de la ciudadanía y no del Estado ciertos derechos constitucionales reconocidos en la nueva Constitución.
Este desafío constitucional tiene una arista crítica que me interesa poner de relieve. En un sentido clave la nueva constitución es anti nacional. Tres de sus artículos no fueron incluidos por mandato del partido comunista de Cuba en la discusión ciudadana. Los tres que por un lado tocan la raíz de la soberanía popular y que, al mismo tiempo, determinan nuestra pertenencia nacional en tanto cubanos.
En tal sentido, y en rigor, los cubanos solo ratificaron 226 de los 229 artículos de la nueva constitución. El artículo uno, que define la naturaleza del Estado como socialista; el artículo cuarto, que establece la irrevocabilidad de un modelo decretado desde el Estado, y el artículo quinto, que establece la supremacía ideológica de una parte (el partido comunista) sobre el todo diverso y plural de la nación, conforman la trilogía constitucional excluida de la conversación y excluyente dentro de la constitución, que ataca precisamente ese núcleo de soberanía que da legitimidad a los Estados en las constituciones modernas. Sobre ellos, el Estado cubano decidió que no se podía hablar, hablar y ni siquiera silbar, como había dicho un renombrado filósofo a propósito de otros asuntos más esotéricos.
El Estado cubano no puede reclamar por tanto legitimidad popular para este triple núcleo de soberanía después del 24 de febrero, pero los ciudadanos estamos obligados a recuperarlo si queremos que la constitución repose sobre fundamentos nacionales, la única manera por cierto de descolonizarla. Porque probablemente la constitución cubana sea la única que tenga como referentes claves a dos extranjeros.
Si el momento en Cuba es constitucional, entonces las demandas esenciales son de reconocimiento, participación e inclusión políticas. Es la política lo que hará posible satisfacer las demandas sociales y económicas de los cubanos. No al revés.